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Modifica el artículo 15.4 del Acuerdo constitutivo del Fondo Africano de Desarrollo. Suprime el subpárrafo a) y establece que la compra de bienes y servicios se hará mediante licitación internacional abierta a proveedores que cumplan las condiciones, salvo que el Consejo de Administración considere que no está justificada.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

Aprueba el pliego de condiciones que regula el servicio portuario de practicaje en el puerto de Avilés. El pliego fija cómo se obtienen las licencias, los requisitos para prestar el servicio, las condiciones de calidad, las tarifas y el régimen de recursos.

Aprueba el pliego de prescripciones particulares que regula las licencias y la prestación del servicio portuario de remolque de buques en el Puerto de Avilés. El pliego fija las condiciones de acceso, calidad, obligaciones y tarifas del servicio.

La Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra aprueba el pliego que regula las licencias y la prestación del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el puerto de Marín. El pliego fija las condiciones de acceso, calidad, obligaciones y régimen económico del servicio.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

Aprueba el pliego de condiciones que regula el servicio portuario de recogida de desechos generados por buques y residuos de carga en el puerto de Marín y Ría de Pontevedra. El pliego fija las licencias, los requisitos de acceso, las condiciones de prestación, la calidad, las tarifas y el régimen sancionador del servicio.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra. Declara la extinción parcial del proceso y anula el precepto que excluía ciertos servicios jurídicos de la ley de contratos, por invadir competencias básicas del Estado.

Aprueba las tarifas de 2024 que TRAGSA y TRAGSATEC aplican a los encargos de las entidades públicas para las que son medio propio personificado y servicio técnico. También revisa los coeficientes para actualizar los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Establece las normas para calcular los costes admisibles y fijar los precios de los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos de obtención de recursos del Ministerio de Defensa cuando la concurrencia de ofertas es restringida. Sustituye a la Orden 283/1998, de 15 de octubre.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra una orden ministerial sobre el análisis del riesgo de conflicto de interés en procedimientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula la identidad digital, la contratación pública y la seguridad en telecomunicaciones. La sentencia analiza si el Gobierno justificó la urgencia de la norma y si algunas medidas invaden competencias autonómicas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022 sobre contratación pública. La suspensión se limita a los incisos concretos impugnados por el presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si el decreto-ley tenía habilitación para regular estas materias y si respeta las competencias autonómicas.

El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 y estima en parte el recurso de una asociación de autoescuelas. Anula la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y el anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para la gestión de cursos de reeducación vial. También anula el inciso de la Orden INT/2596/2005 que reservaba esa gestión a centros mediante concesión del Ministerio del Interior.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 del Gobierno de Aragón sobre contratación pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos en su vigencia y aplicación.