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Modifica la Circular 2/2016 del Banco de España sobre supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Con ello completa la adaptación del derecho español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. La norma se enmarca en el desarrollo de herramientas macroprudenciales para el sistema financiero.

Establece los modelos de información que las entidades de crédito y otras entidades supervisadas deben elaborar y enviar al Banco de España sobre conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela. También regula el registro de reclamaciones que deben mantener a disposición del Banco de España.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2021 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.

Autoriza a la Jefatura Central de Tráfico a pagar mediante agentes mediadores los pagos masivos de más de 25 transferencias y los pagos a varios acreedores. Fija cómo se tramitan, justifican y controlan esos pagos.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Publica tres normas técnicas de auditoría adaptadas a España: la NIA-ES 250R sobre cómo el auditor debe considerar las leyes y reglamentos, la NIA-ES 315R sobre cómo identificar y valorar el riesgo de errores materiales en las cuentas y la NIA-ES 610R sobre el uso del trabajo de los auditores internos. Estas normas sustituyen a las versiones anteriores.

El Tribunal Supremo anula un apartado de una orden ministerial que fijaba la fecha de inicio del cálculo de intereses para una empresa distribuidora de electricidad. Establece que esos intereses deben contarse desde el 1 de enero de 2016 y ordena a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia liquidarlos en dos meses.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Establece las normas para que las entidades locales y sus organismos dependientes formulen cuentas anuales consolidadas, que muestren la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del grupo. Define qué entidades forman el grupo, cuándo hay obligación de consolidar y qué métodos aplicar.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Aprueba los modelos para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales consolidadas de las empresas obligadas a publicarlas. Establece que se presenten en el formato electrónico único europeo y regula el modelo en soporte electrónico y la corrección de errores.

Aprueba nuevos modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Incluye en la instancia de presentación datos del informe de auditoría (fecha de emisión, tipo de auditoría y número de ROAC del auditor) y ajusta el tratamiento de la información no financiera.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Aprueba los modelos de información cuantitativa con fines estadísticos y contables que las aseguradoras y reaseguradoras deben enviar sobre la adaptación gradual a las nuevas tablas de supervivencia. Modifica la Orden ECC/724/2016 para incluir estos datos.

Publica la norma técnica que indica cómo debe actuar el auditor de cuentas ante los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo (FEUE). También modifica la NIA-ES 700 (revisada) para incluir en el informe de auditoría la opinión sobre ese formato.

Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

Declara admisibles unas tablas biométricas concretas (de mortalidad y supervivencia) como referencia para las aseguradoras y reaseguradoras. Estas tablas se usan para valorar las provisiones técnicas de los seguros, tanto en la contabilidad como en el régimen especial de solvencia.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.