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Reconoce como tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Para ello modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para desarrollar proyectos que mejoren la accesibilidad universal a la vivienda de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y detalla el procedimiento, la financiación y las obligaciones de las entidades beneficiarias.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación. Estos proyectos buscan modernizar los servicios sociales y los modelos de atención a personas mayores, infancia y personas sin hogar, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que fija las políticas activas de empleo y de intermediación laboral en todo el Estado. La Estrategia se elabora con las comunidades autónomas y los agentes sociales y se aplica mediante los Planes Anuales de Política de Empleo.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid para programas de realojo de familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, la cuantía, el procedimiento, los plazos y la justificación.

Regula la concesión directa de subvenciones a las universidades españolas que participan en el proyecto «Universidades europeas» de la Comisión Europea. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, el plazo de ejecución, la cuantía y la justificación de las ayudas.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista. La FEMP gestiona el servicio telefónico ATENPRO, que atiende a las víctimas las 24 horas.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Autoriza la concesión directa de una subvención a la entidad «Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa» para incentivar que jóvenes de nacionalidad francesa o franco-española cursen estudios de grado y postgrado en España. La norma fija las actuaciones a financiar, el plazo de ejecución, el procedimiento de concesión, las obligaciones de la entidad beneficiaria y el régimen de justificación y reintegro.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Adapta la ley que regula las haciendas locales a varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal que grava la subida de valor de los terrenos urbanos. Establece que no se pague el impuesto cuando no haya aumento de valor y cambia cómo se calcula la base imponible para que refleje el mercado inmobiliario.

Fija que la asignatura de Religión y sus alternativas tengan, en todos los niveles educativos de La Rioja, la carga lectiva máxima que la normativa estatal establece como mínima obligatoria. Se aplica desde el curso 2022-2023.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Modifica los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y de su Consejo General. Cambia el funcionamiento de los cargos directivos del Consejo General y amplía su mandato a cuatro años, sin renovación por mitad cada dos años.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.