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Modifica la Ley 5/2017 sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia. Suprime prerrogativas reconocidas a determinados agentes sociales y actualiza la norma para ampliar el diálogo social.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las financia la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Establece medidas urgentes para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Modifica la Ley 3/2007 de función pública para adaptarla a la normativa estatal sobre estabilización del empleo temporal.

Suprime el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que castigaba de forma agravada las coacciones para impedir el ejercicio del derecho de huelga. Ordena revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la norma derogada.

Regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para financiar actividades de digitalización del sector productivo. Establece quiénes pueden recibirlas, el procedimiento, las obligaciones, los gastos subvencionables y la justificación y control del dinero.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.