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Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija las cuantías de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de los complementos de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad en Aragón. Se actualizan conforme al IPC y al incremento de las pensiones no contributivas estatales.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Prorroga la suspensión de los lanzamientos sobre la vivienda habitual de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Modifica la Ley 1/2013 para mantener esta protección durante un nuevo periodo. La medida afecta a los procesos judiciales o ventas extrajudiciales en los que el acreedor se adjudica la vivienda habitual.

Este decreto-ley incrementa el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas y decidir el acceso a prestaciones sociales. El aumento busca mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía catalana.

Modifica el Real Decreto 989/2021 para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo de ejecución de las ayudas del programa de bonos digitales para colectivos vulnerables (UNICO-Bono Social), dentro del Plan de Recuperación. El cambio se debe a la Adenda del Plan aprobada por la Comisión Europea.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Actualiza el importe del complemento mensual por cada menor a cargo en la Prestación Canaria de Inserción. También autoriza ceder datos de las personas beneficiarias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias para programas piloto de inclusión social.

Modifica las normas de los planes estatales de vivienda y del Bono Alquiler Joven. Permite que la Comisión de Seguimiento de cada convenio valore si la atención prioritaria a personas vulnerables ya está cubierta por otras ayudas autonómicas o locales. También cambia el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y los programas de rehabilitación del Plan de Recuperación.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

Regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El bono es una ayuda al alquiler para jóvenes. El plan incluye varios programas de ayudas y actuaciones en vivienda.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación. Estos proyectos buscan modernizar los servicios sociales y los modelos de atención a personas mayores, infancia y personas sin hogar, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.