Real Decreto 833/2026, de 14 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia a entidades y organizaciones para la protección de los derechos de la infancia y la juventud vulnerable frente a la violencia, la pobreza y la exclusión social.

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El Ministerio de Juventud e Infancia es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de juventud y de protección de las personas menores de edad de acuerdo con el Real Decreto 211/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Juventud e Infancia. Para ello, se desarrollan diversas actuaciones entre las cuales destacan la promoción de programas en el ámbito relativo a la infancia, la adolescencia y la juventud y el fomento de la cooperación con otras entidades, tanto públicas como privadas, que por su especial implicación en estas materias gozan de una posición privilegiada a la hora de atender las situaciones de necesidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los sectores más vulnerables.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 608/2025, de 8 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de la Juventud, el INJUVE tiene como fines la promoción de la igualdad de trato y oportunidades de la juventud; el fomento de la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural del país; y propiciar, en colaboración con las restantes administraciones públicas, la Unión Europea y la sociedad civil la garantía de las condiciones necesarias para la consecución de estos fines de modo que las personas jóvenes tengan derecho efectivo a diseñar y desarrollar sus propios proyectos vitales. De acuerdo con el artículo 5 del Real decreto 608/2025, de 8 de julio, son funciones del INJUVE, entre otras, elaborar, proponer y coordinar la planificación de las políticas juveniles de la Administración General del Estado; la cooperación con otras administraciones públicas e instituciones para informar y coordinar normativas y actuaciones en materia o de interés para la juventud; la cooperación con organismos, entidades y grupos de investigación sectoriales y de juventud; la interlocución con el tejido asociativo juvenil de ámbito estatal para la promoción de la participación, así como el impulso a la participación; o la prestación de cualesquiera otros servicios adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.

A través de la concesión de estas subvenciones y atendiendo al objeto de los proyectos subvencionables cabe señalar que las personas potencialmente beneficiarias de estos proyectos son mayoritariamente adolescentes y jóvenes, llevando a cabo proyectos relacionados con la participación juvenil; planes de mejora de acceso a la vivienda para la juventud; programas dirigidos a la atención, acompañamiento e inclusión de personas jóvenes que egresan de los sistemas de protección, así como de la adolescencia y juventud migrante o garantizar los derechos de las personas adolescentes y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.

Dentro de las actuaciones en ejecución de la política en materia de juventud y de protección de las personas menores de edad, resulta necesario el apoyo a determinadas entidades para promover sus finalidades de interés público en este ámbito. Ello de conformidad con el artículo 9.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; asimismo la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales.