Buscar en el BOE

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo estatal independiente que protege y promueve la igualdad de trato y combate la discriminación en el sector público y privado. El Estatuto regula su naturaleza, funciones, estructura orgánica, personal, financiación y colaboración con otras entidades.

Regula el tercer sector social en Cataluña: las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales. Establece sus actividades, los cauces de colaboración y participación con las administraciones, su promoción, financiación y evaluación.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Modifica el Real Decreto 221/2008, que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Cambia su composición y funcionamiento como órgano asesor y consultivo del Gobierno para impulsar las políticas de responsabilidad social empresarial.

Modifica el Reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación para atribuirle de forma explícita la facultad de elaborar pronunciamientos sobre conflictos de integridad científica, investigación responsable y ética profesional que afecten a organizaciones o a sus responsables o integrantes.

Modifica la Ley 11/2003 que regula los Consejos Sociales de las universidades públicas de Canarias y la coordinación del sistema universitario. Adapta sus funciones, composición y funcionamiento a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario.

Crea y regula el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de calidad de la arquitectura. Establece su composición, sus funciones y su funcionamiento interno mediante un Pleno, un Comité Experto y varias secciones.

Modifica la composición de la Mesa Nacional del Regadío para incluir a una persona de la Asociación Española de Desalación y Reutilización y a un representante de cada organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal.

Crea y regula el Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales. El Consejo es un órgano de seguimiento y propuesta de políticas sobre lenguas oficiales, con representantes de ministerios, comunidades autónomas con lenguas oficiales y academias e institutos de lenguas. La Oficina presta apoyo y coordina estas actuaciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Regula el Consejo de la Memoria Democrática, órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas, y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. Fija su composición, funciones y funcionamiento, y el procedimiento para inscribirse en el registro.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: fija los estados de gastos e ingresos, las reglas para modificar créditos, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La ley regula el Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano de consulta técnica y jurídica del Gobierno autonómico, las entidades locales y las universidades públicas andaluzas. Define su naturaleza, composición, funciones, funcionamiento, procedimiento de emisión de dictámenes y su personal.

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.