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Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Modifica dos normas sobre seguridad y salud laboral para actualizar la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y agentes químicos durante el trabajo. Incorpora al derecho español disposiciones de la Unión Europea.

Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para introducir cambios puntuales antes de una futura reforma de la ley. La asistencia jurídica gratuita cubre los medios necesarios para acceder a la justicia cuando no se pueden pagar. Deroga las normas que se opongan a estos cambios.

Modifica el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para crear la figura del Economista Jefe o Economista Jefa, que dependerá de la Presidencia. También regula la Subdirección de Inteligencia Económica y el nombramiento de su jefatura.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración y del INE y confirma la suspensión cautelar. Mientras dure el proceso electoral, la Oficina del Censo Electoral no puede inscribir en el CERA a ciertas personas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Modifica el Real Decreto 1907/1995 para exigir que las formaciones políticas presenten una declaración de su representante general antes de tramitar las subvenciones por gastos electorales. En ella deben afirmar que no incurren en los supuestos de los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Modifica la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. Añade una definición de destinatario final de la mercancía y obliga a notificar al sistema el fin del movimiento del aceite. Con ello se busca mejorar la trazabilidad y el control de las autoridades.

Aclara cómo se acredita ante notario y registrador el seguro decenal obligatorio en las obras nuevas. Permite que el certificado o póliza del seguro esté firmado con firma electrónica cualificada y fija qué requisitos debe cumplir para ser aceptado.

Concede una subvención directa al Obispado de Plasencia para sostener en 2026 a la comunidad de monjes que reside en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. La ayuda se justifica por la labor de esa comunidad en la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural del monasterio.

Concede una subvención directa a la Fundación Princesa de Asturias para financiar la convocatoria 2026 de los Premios Princesa de Asturias. La ayuda cubre las reuniones de los jurados, la ceremonia de entrega, la dotación económica de los premios y los gastos de organización, difusión y publicidad.

Regula los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria. Establece cómo se designan, los requisitos que deben cumplir y sus funciones, y crea una mesa de coordinación. También modifica varias normas relacionadas con sanidad animal, vegetal y fertilizantes.

Designa los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria. Fija qué centros asumen estas funciones y con qué requisitos deben cumplirlos, conforme a la normativa nacional y europea.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Regula cómo se reconocen como cotizados a la Seguridad Social los periodos en que una persona ejerció como ministro de culto de iglesias de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) antes de su integración en el Régimen General, el 1 de mayo de 1999. Fija la acreditación, la solicitud, los efectos sobre las pensiones y el ingreso de cuotas.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.