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Actualiza las cifras en euros que la Ley 20/2015 fija para definir los «grandes riesgos» y para calcular el capital mínimo obligatorio de las aseguradoras. La revisión aplica el cambio del índice de precios de consumo de la Unión Europea entre 2015 y 2020.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

Regula el Esquema Nacional de Seguridad, el marco común que deben cumplir las administraciones públicas para proteger sus sistemas de información. Establece principios básicos, requisitos mínimos de seguridad, auditorías y categorías de seguridad de los sistemas.

Modifica tres reales decretos sobre entidades financieras: las sociedades de reafianzamiento, el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y el desarrollo de la ley de ordenación y solvencia de entidades de crédito. Adapta estas normas al marco europeo de supervisión bancaria.

Aprueba la Política de Seguridad de los servicios digitales que presta la Secretaría General de Administración Digital. Fija los principios, la estructura organizativa y las responsabilidades para proteger la información y los datos personales en esos servicios.

Establece los requisitos cuantitativos y cualitativos para que las hipótesis biométricas (tablas de mortalidad y supervivencia) usadas por aseguradoras y reaseguradoras sean adecuadas al calcular tarifas de primas y provisiones técnicas. También fija la metodología para elaborar tablas propias y criterios de buen gobierno, y modifica la Circular 1/2018.

Modifica el Plan General de Contabilidad, el de Pequeñas y Medianas Empresas, las normas de cuentas anuales consolidadas y las de entidades sin fines lucrativos. Adapta estos textos a los nuevos criterios contables de la Unión Europea sobre instrumentos financieros y sobre ingresos por contratos con clientes.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.