Resolución de 7 de julio de 2021, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se aprueba la Política de Seguridad de los servicios prestados por la Secretaría General de Administración Digital.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula en su artículo 13 los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, incluyendo en su apartado h) el relativo a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular en su artículo 3 los principios generales que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones, establece en su apartado 2 que aquellas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

En el artículo 156.2 de la misma norma prevé la existencia del Esquema Nacional de Seguridad, que tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

El Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica se regula en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, cuyo artículo 11.1 establece el mandato de que todos los órganos superiores de las Administraciones públicas dispongan formalmente de su política de seguridad aprobada por su titular, que articule la gestión continuada de la seguridad. Dicha política de seguridad se establecerá de acuerdo con los principios básicos que recogen los artículos 4 a 10 y se desarrollará aplicando los requisitos mínimos que detalla el propio artículo 11.1.

El anexo II del real decreto, al regular las medidas de seguridad, incluye el marco organizativo entre el primer grupo de dichas medidas, que comprende, entre otras, la política de seguridad. Al respecto, el apartado 3.1 del Anexo II establece que la política de seguridad debe referenciar y ser coherente con lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal, en lo que corresponda, en particular, por el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.