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Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Fija los principios, requisitos y la estructura organizativa para proteger la información y los datos personales en los sistemas electrónicos del departamento.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Modifica la resolución que fija los recargos del seguro de riesgos extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros. Adapta las tarifas a la nueva cobertura de vehículos personales ligeros, suprime un anexo de modelos estadísticos y fija reglas para las pérdidas pecuniarias sin límite temporal.

Actualiza las normas contables de las entidades de crédito para alinearlas con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea. También modifica la normativa sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Crea un procedimiento para comprobar si los campings de Cataluña pueden gestionar el riesgo de inundación y garantizar la seguridad de las personas. Regula órganos de coordinación (Comisión Técnica y Comisión de Gobierno de Campings) y las medidas que pueden adoptarse.

Aprueba un plan de formación ante emergencias de protección civil para todos los centros educativos no universitarios, públicos y privados. El plan será obligatorio a partir del curso 2025-2026 y busca enseñar a la comunidad educativa a prevenir y responder ante emergencias naturales o causadas por personas.

Crea un procedimiento para comprobar si los campings de Cataluña situados en zonas con riesgo de inundación son viables y seguros para las personas. Regula dos comisiones (Técnica y de Gobierno) que tramitan, proponen y resuelven cada caso, y prevé medidas provisionales y de seguimiento.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que establece medidas urgentes para responder a la amenaza arancelaria y relanzar el comercio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.