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Modifica varias normas reglamentarias sobre seguridad marítima para adaptarlas a la normativa europea y a cambios técnicos. Afecta a buques de pasaje, equipos marinos, flota civil, pesquera y de recreo, y a la función inspectora de la Administración marítima.

Crea el Comité antifraude del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y regula cómo funciona. El Comité se encarga de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica el Reglamento del Sector Ferroviario para añadir un sistema de reclamaciones por medios electrónicos que complementa al libro de reclamaciones. Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias deberán contar con aplicaciones informáticas para gestionar estas reclamaciones.

Actualiza las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación frente a la COVID-19, en su quinta edición. Establece las obligaciones de gestores aeroportuarios, compañías aéreas y personal en los aeropuertos españoles.

Regula la certificación de las entidades que se encargan del mantenimiento de vehículos ferroviarios y de los organismos que las certifican. También fija la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y cambia datos del Registro Especial Ferroviario. Establece un régimen transitorio para los centros de mantenimiento de material rodante distinto de vagones de mercancías.

Regula los títulos profesionales y las tarjetas profesionales de la Marina Mercante, así como la formación y evaluación de los marinos. Establece los requisitos para obtener cada título y las funciones que permite desempeñar a bordo.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la norma sobre cualificación de conductores. Exime de autorización administrativa a ciertos vehículos de mercancías con combustibles alternativos y elimina el requisito de antigüedad media de la flota para las autorizaciones de transporte público de mercancías.

Actualiza los tipos de interés anuales de los préstamos para vivienda protegida de varios planes estatales de vivienda. Fija el tipo del Programa 1998 en el 1,32 % y mantiene el resto en sus valores vigentes.

Establece los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores de camiones y autobuses en el transporte por carretera. Fija cuántas jornadas se controlan, cómo se hacen los controles en carretera y en las empresas, y qué datos se recogen.

Vuelve a aplicar las obligaciones de servicio público de la ruta aérea Menorca-Madrid fijadas en 2018, que exigen niveles mínimos de continuidad, frecuencia, capacidad y calidad. Deja sin efecto las modificaciones temporales aprobadas en 2020 durante la crisis de la COVID-19.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprueba una forma alternativa de cumplir el requisito de cualificación del Responsable de Seguridad en organizaciones de gestión de la aeronavegabilidad (CAMO) que también son compañías aéreas. Permite sustituir parte del perfil exigido por formación y prácticas documentadas.

Fija las tarifas por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (tasas de ruta) aplicables desde el 1 de enero de 2022 en los espacios aéreos españoles y en otros Estados participantes, y establece el tipo de interés por mora en el pago de estas tarifas.

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

Modifica el Real Decreto 983/2021 para permitir que las empresas de transporte público urbano en autobús puedan acceder a las ayudas de transformación de flotas, al no necesitar autorización de transporte. Las ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación y buscan renovar vehículos hacia tecnologías bajas en carbono.

Regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas para implantar el Servicio Europeo de Telepeaje (SET). Establece los principios, derechos y obligaciones de proveedores, perceptores de peaje y usuarios, y las condiciones técnicas que deben cumplir los sistemas.