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España ratifica el Acuerdo de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar). El Acuerdo regula los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión por áreas (incluidas áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

España acepta una enmienda al Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en medio ambiente. La enmienda añade un artículo sobre la participación del público antes de autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

España acepta las enmiendas de 2009 a los anexos I y II del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979. Las enmiendas añaden los naftalenos policlorados y las parafinas cloradas de cadena corta a las listas de sustancias con producción y uso prohibidos o restringidos.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica la Ley de Montes y adopta medidas urgentes para prevenir, vigilar y extinguir incendios forestales. Refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad durante todo el año.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

España acepta las enmiendas al texto y a varios anexos del Protocolo de 1998 sobre metales pesados, dentro del Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza. Las enmiendas se adoptaron en Ginebra el 13 de mayo de 2012.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Crea una deducción en el IRPF por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, modifica la ley de propiedad horizontal y la ley de suelo, y aprueba una línea de avales del Estado para financiar estas obras.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.