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Fija los plazos y el procedimiento para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en la Administración General del Estado, organismos autónomos y otras entidades con presupuesto limitativo. Regula la tramitación de expedientes de gasto, documentos contables, contabilización de operaciones y ordenación de pagos en el final del año.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la UNED. El objetivo es que la estructura de sus cuentas anuales sea homogénea con la de la UNED, para poder consolidarlas.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Regula cómo se cierra el ejercicio presupuestario de 2024 en el gasto público del Estado. Fija plazos para tramitar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y hacer pagos en los últimos días del año.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Modifica varias órdenes sobre contabilidad pública del Estado. Cambia documentos contables, reglas de operatoria del gasto y normas de contabilidad de la Administración General e Institucional. Incluye el procedimiento para entidades cuyas cuentas anuales no se auditan.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

Modifica la Circular 3/1996 sobre control del gasto público. Eleva de 300.000 pesetas a 3.000 euros el importe de los justificantes de anticipos de caja fija que deben comprobarse siempre, y actualiza la referencia al límite de pagos individuales a 5.000 euros.

Establece las normas para que las entidades locales y sus organismos dependientes formulen cuentas anuales consolidadas, que muestren la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del grupo. Define qué entidades forman el grupo, cuándo hay obligación de consolidar y qué métodos aplicar.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2020 en el gasto público y en las operaciones no presupuestarias del Estado. Fija plazos para tramitar modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.