Buscar en el BOE

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal la subida del 2,5 % de 2025. El aumento tiene efectos desde el 1 de enero de 2025 y se abona en la nómina de diciembre, con los atrasos del año. Indica cómo se solicitan los atrasos según la situación de cada empleado.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Concede a varios ayuntamientos, diputaciones y a la Comunidad de Murcia la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas desde el 1 de enero de 2025. Acepta renuncias y revoca delegaciones anteriores. También modifica la Orden HFP/147/2022 sobre informes en modificaciones presupuestarias.

Modifica varias órdenes sobre contabilidad pública del Estado. Cambia documentos contables, reglas de operatoria del gasto y normas de contabilidad de la Administración General e Institucional. Incluye el procedimiento para entidades cuyas cuentas anuales no se auditan.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Modifica la normativa sobre tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias. Añade reglas específicas para las transferencias de crédito entre secciones que afecten al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando las inicia el Ministerio de Hacienda.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Aprueba cómo se reparten las funciones entre las divisiones de la Oficina de Informática Presupuestaria, que depende de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta oficina se encarga de los sistemas informáticos de presupuestos, contabilidad y control económico del sector público estatal.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2020 en el gasto público y en las operaciones no presupuestarias del Estado. Fija plazos para tramitar modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija el reparto definitivo entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los 6.000 millones de euros del tramo 1 del Fondo COVID-19, destinado a gasto sanitario. La orden detalla el importe que corresponde a cada territorio.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, con una estrategia fiscal y presupuestaria orientada a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Regula el ámbito institucional, las comisiones participantes, el proceso de tramitación, la estructura y los plazos de documentación.

Esta orden fija cómo los ministerios y sus organismos deben pedir autorización al Ministerio de Hacienda para las actuaciones y nuevos gastos que prevean iniciar en 2020, dentro de la prórroga de los Presupuestos de 2019. Regula el calendario semestral de actuaciones y la solicitud de autorización.