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Concreta cómo se reparten entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla los fondos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Fija los indicadores y ponderaciones para calcular la distribución definitiva de los dos compartimentos de esa línea.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Fija el reparto definitivo entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los 6.000 millones de euros del tramo 1 del Fondo COVID-19, destinado a gasto sanitario. La orden detalla el importe que corresponde a cada territorio.

Modifica la Orden HAC/1271/2019, que regula el suministro electrónico de información sobre las marcas fiscales de las bebidas derivadas. El cambio se debe a las dificultades de cumplimiento causadas por el estado de alarma del COVID-19.

Reduce para 2019 los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF en actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Los nuevos índices se recogen en un anexo, ordenados por comunidad autónoma, provincia, ámbito territorial y actividad.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.