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Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

Aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que son órganos técnicos que auxilian a la Justicia con pruebas periciales médicas y de laboratorio. Regula su organización, personal, actividades de formación e investigación y colaboración con otras instituciones.

Modifica la norma que crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptar su composición y funciones a los cambios de estructura del Ministerio. La Comisión es el órgano interno que impulsa y coordina la administración digital en ese departamento.

Regula cómo se eligen en España los candidatos a Fiscal Europeo y a Fiscal Europeo Delegado. Fija los requisitos, la comisión de selección, la convocatoria y el procedimiento de selección, y la publicación de la propuesta y su comunicación a la Fiscalía Europea.

Crea dos órganos administrativos en el Ministerio de Justicia: la División de Servicios Digitales Departamentales, dependiente de la Dirección General de Transformación Digital, y la División de Oficialía Mayor, dependiente de la Subsecretaría. Regula su creación y adscripción.

Crea la Unidad Administrativa-Oficina de la Fiscalía Europea en España y aprueba la relación de puestos de trabajo. Esta oficina da apoyo a los Fiscales europeos delegados en la investigación de delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión. Adscribe a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia.

Modifica la composición de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptarla a la nueva estructura orgánica del Ministerio. La Comisión es el órgano que coordina la transformación digital dentro del departamento.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.