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Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Actualiza los controles sanitarios en los puntos de entrada de España. Mantiene el control de temperatura y el control visual, y amplía el control documental: los pasajeros procedentes de países o zonas de riesgo deben presentar una prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2 con resultado negativo, hecha en las 72 horas previas a la llegada.

Establece los controles sanitarios que deben pasar los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima antes de entrar en el país. Incluye toma de temperatura, control documental mediante un formulario de salud pública y control visual, y deroga la resolución anterior de 29 de junio de 2020.

Establece los controles sanitarios en los puntos de entrada de España (aeropuertos y puertos) para detectar casos de COVID-19 procedentes del extranjero. Los pasajeros deben rellenar un formulario de salud pública antes de llegar y presentar un código QR. Los controles pueden incluir toma de temperatura, control documental y control visual.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Actualiza la lista de medicamentos esenciales de la Orden SND/276/2020 para la crisis del COVID-19. Añade nuevos medicamentos al anexo I, que deben ser objeto de seguimiento de su suministro.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

Establece medidas organizativas y de información para los centros de servicios sociales residenciales (personas mayores, personas con discapacidad y similares), públicos o privados, durante la crisis del COVID-19. Los centros deben mantener su actividad y facilitar información sobre el centro, el personal y los residentes. Las comunidades autónomas pueden intervenir los centros.

Establece obligaciones para fabricantes y titulares de autorización de comercialización de una lista de medicamentos esenciales frente al COVID-19. Deben informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y garantizar el abastecimiento a los centros sanitarios.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.