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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía los medios patrimoniales (bienes) adscritos a las funciones de ordenación y gestión del litoral que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 2007 y 2008. La ampliación será efectiva desde la fecha que fije el acuerdo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. El recurso se refiere al artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta, en lo relativo a conjuntos de edificaciones en la costa. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de esos preceptos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

Regula la protección y ordenación de la costa de la Comunitat Valenciana. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso del litoral, un catálogo de playas y un régimen de inspección y sanciones.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

La ley regula la ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso con distintos niveles de protección y reglas de intervención administrativa. También crea órganos de coordinación y regula la inspección y las sanciones.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión del dominio público marítimo-terrestre, obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa en esa zona.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.