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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

Modifica los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y los modelos 216 y 296 de retenciones. Añade un anexo de desglose de dividendos y nuevas casillas (clave de mercado, código LEI y código ISIN) para controlar las solicitudes de devolución de retenciones sobre dividendos y las rentas inmobiliarias.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los bienes adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña en materia de reforma y desarrollo agrario (Canal Xerta-Sénia). Incluye el traspaso de un bien inmueble y la subrogación de la Generalitat en los derechos y obligaciones ligados a ese bien.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía los medios patrimoniales (bienes) adscritos a las funciones de ordenación y gestión del litoral que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 2007 y 2008. La ampliación será efectiva desde la fecha que fije el acuerdo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un consumidor al que un juzgado y la Audiencia de Jaén denegaron la imposición de costas tras declarar abusiva una cláusula de vencimiento anticipado en una ejecución hipotecaria. Se reconoce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que cambia los bienes cedidos al País Vasco para la ejecución de la legislación penitenciaria. Se deja sin efecto el traspaso del inmueble del Centro Penitenciario de San Sebastián (calle Martutene, 1) y se traspasa el del nuevo Centro Penitenciario de Guipúzcoa-CP Norte III, en San Sebastián.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, solo en lo que se apliquen a actuaciones de competencia estatal. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida en ese ámbito desde el 1 de abril de 2026 para las partes y desde la publicación en el BOE para terceros.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de dos deudores hipotecarios. Confirma que los tribunales pueden rechazar revisar si una cláusula del préstamo era abusiva cuando el procedimiento de ejecución hipotecaria ya había terminado con la adjudicación firme del inmueble.

Actualiza los tipos de interés anuales de los préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Fija un tipo del 3,61 % para el Plan 1998-2001 y del 2,55 % para el Plan 2002-2005.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. El recurso se refiere al artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta, en lo relativo a conjuntos de edificaciones en la costa. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de esos preceptos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del «valor de referencia» del catastro para calcular la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Examina si ese sistema respeta el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.