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Modifica la parte A del Código de Formación de la gente de mar para regular los títulos y refrendos en formato electrónico. Permite que estos documentos no lleven sello oficial, fotografía ni firma del marino.

Aprueba enmiendas al Convenio Internacional sobre formación de la gente de mar. Añade la definición de «formulario original» de los títulos y permite que los títulos exigidos estén a bordo en papel o en formato electrónico, con acceso a los datos mínimos para su verificación.

Establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración en tres actividades pesqueras: solicitudes, declaraciones y preavisos en reservas marinas de interés pesquero; disponer de un dispositivo electrónico de localización para pescar en ellas; y trámites de pesca de recreo y de especies protegidas.

Actualiza la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Gijón para adaptarla a la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y el Real Decreto 203/2021. Regula su identificación, dirección, contenidos, servicios y los medios para presentar sugerencias y quejas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Actualiza el Registro Electrónico de la Autoridad Portuaria de Gijón, creado en 2013, para adaptarlo a las leyes de procedimiento administrativo de 2015 y al reglamento de actuación electrónica de 2021. Regula cómo se presentan y reciben solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica ante este organismo.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Establece cómo presentar y pagar por vía electrónica la tasa por la concesión de autorizaciones administrativas singulares en el ámbito postal. El pago se hace antes de que se conceda la autorización, usando el modelo 790 con código 108.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que pasa a ser https://puertodealgeciras.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá activa y redirigirá a la nueva durante seis meses desde su publicación en el BOE.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) convoca exámenes electrónicos de conocimientos teóricos para obtener licencias y habilitaciones aeronáuticas civiles. La resolución fija las bases de estos exámenes, que se rigen por guías publicadas por AESA y por la normativa europea de aviación.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.