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Modifica el Decreto-ley 14/2021 para que los titulares de explotaciones agrarias afectados por el volcán de La Palma puedan pedir las ayudas de emergencia sin tener que inscribirse antes en el Registro de Personas Afectadas. Establece un procedimiento de concesión a instancia de parte para este sector.

Establece que la educación de los niños matriculados en el tercer nivel de educación infantil (de 2 a 3 años) en centros públicos y en la red complementaria sea gratuita desde septiembre de 2022. También crea un fondo para compensar parte de los descuentos del transporte interurbano entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

Establece un aumento extraordinario, hasta diciembre de 2022, del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda. La medida amplía hasta final de año el incremento que ya se había previsto para mayo, junio y julio de 2022.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital durante mayo, junio y julio de 2022. También sube la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda y de la ayuda de urgencia para el consumo energético.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Establece el marco general para tramitar con carácter de emergencia las ayudas destinadas a paliar las necesidades causadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. Crea un Registro de personas afectadas y regula la gestión, concesión, justificación y control de esas ayudas.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.