Buscar en el BOE

Aprueba los mensajes obligatorios que la publicidad de juegos de azar debe incluir: una advertencia sobre los efectos dañinos de la ludopatía o el juego de riesgo y otro mensaje que prohíbe la participación de menores de edad. También fija cómo deben ser esos mensajes (forma, tamaño, disposición y contraste) y sustituye el mensaje anterior de «jugar con responsabilidad».

Modifica la Ley 3/2021 de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales de Asturias para limitar el reintegro de prestaciones cuando el cobro indebido se debe a actuaciones de la Administración y no a la persona beneficiaria. Incluye una presunción de comunicación de cambios de circunstancias y reglas para procedimientos y deudas anteriores.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Concede una subvención directa de 450.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para fomentar políticas de reducción de la demanda de drogas y otras adicciones. El dinero procede del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas del ejercicio 2026.

Regula cómo se devuelven los anticipos a cuenta de las ayudas previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija los requisitos y el procedimiento para ese reintegro y deroga las normas anteriores que se opongan.

Modifica el Real Decreto 681/2026 para añadir la parcela del Centro Penitenciario de Ceuta a los espacios destinados a la acogida temporal de personas migrantes llegadas de forma irregular. La norma adapta así los recursos disponibles a la situación declarada de interés para la seguridad nacional en Ceuta.

Regula la situación jurídica en España de la Oficina Global de UNICEF, sus locales y el personal asignado. España y UNICEF acuerdan las condiciones para que esa oficina desarrolle funciones normativas, administrativas, operativas y técnicas de apoyo a las operaciones de UNICEF en el mundo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias asociaciones contra el Reglamento de extranjería de 2024 y anula varios preceptos. Entre ellos, los que impedían a las empresas de trabajo temporal ser titulares de autorizaciones de temporada, exigían que la dependencia económica del ascendiente se diera en el país de origen o denegaban permisos de forma automática por antecedentes penales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2026, que establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. La convalidación mantiene la vigencia de la norma aprobada por el Gobierno el 29 de julio de 2026.

Regula la concesión directa de subvenciones de vivienda y suelo durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a realojos en la Cañada Real, a promover vivienda protegida de alquiler asequible o social y a la rehabilitación de edificios.