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Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para gastos en el ámbito de la salud. También incluye una medida administrativa y una disposición sobre pensiones.

Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

Establece ayudas económicas para explotaciones agrarias de Cataluña afectadas por la sequía, en especial cultivos leñosos, herbáceos, maíz, arroz y fruta dulce. También regula el control de la fauna cinegética y modifica normas sobre cooperativas, incendios y servicios sociales.

Aprueba un suplemento de crédito y un crédito extraordinario para los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2023, prorrogados para 2024, y otras medidas financieras y administrativas. Incluye un incremento retributivo del personal y cambios en la Ley 2/2021.

Este decreto-ley incrementa el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas y decidir el acceso a prestaciones sociales. El aumento busca mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía catalana.

La ley regula el fomento del asociacionismo en Cataluña. Define qué es el asociacionismo y establece medidas de apoyo a asociaciones, fundaciones, plataformas ciudadanas y grupos sociales. También crea la Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo y regula la coordinación entre administraciones.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley reconoce el escultismo y el guidismo en Cataluña y a la Federación Catalana de Escultismo y Guidismo como entidad que representa este movimiento. Regula el uso de su terminología y símbolos y establece medidas de fomento por parte de la Generalitat.

Crea el Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios y Villas de Atención Especial para financiar actuaciones en zonas urbanas desfavorecidas. Regula la selección de beneficiarios, las áreas de atención especial y las herramientas de gestión urbanística.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra un apartado de la Ley catalana 1/2022, que modifica la Ley 24/2015 sobre emergencia en vivienda y pobreza energética. El recurso se dirige solo a la disposición adicional primera, apartado 1.c.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modifica varias leyes para afrontar la emergencia en vivienda. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa ley.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley catalana 11/2020, que limitaba las rentas del alquiler en zonas de mercado tenso. Declara nulos los preceptos autonómicos que regulaban el control de rentas y el régimen sancionador, y que condicionaban el acceso al proceso civil a ofrecer un alquiler social.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.