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Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

Permite a los conductores de camiones que abastecen o limpian las zonas afectadas por la DANA en Andalucía, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha superar temporalmente los límites de conducción y reducir los descansos. Se aplica del 11 al 17 de noviembre de 2024.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Amplía la excepción temporal a las normas europeas de tiempos de conducción y descanso para incluir a los conductores que participan en labores de limpieza y desescombro en las zonas afectadas por la DANA de Andalucía, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.

Permite temporalmente a los transportistas de mercancías afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 superar los límites de conducción y reducir los descansos establecidos en el Reglamento europeo. Se aplica a operaciones en Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, y a los suministros a esas zonas.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.