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Establece el marco para implantar los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el transporte por carretera y sus conexiones con otros modos. Regula los datos y servicios SIT, los principios de implantación y el intercambio de información. También modifica el Reglamento General de Circulación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

Establece un marco de cooperación entre España y Canadá para proteger la información clasificada que se intercambien. Fija definiciones, grados de clasificación, reglas de acceso, transmisión, contratos clasificados y visitas internacionales.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Establece las condiciones para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que intercambien el Centro Nacional de Inteligencia de España y el Departamento de Defensa Nacional de Filipinas. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación, reglas de transmisión, acceso, visitas y contratos clasificados.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La orden regula qué información deben enviar las empresas que ofrecen servicio de recarga para vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Establece el contenido, la frecuencia, los plazos y la forma de remisión de esos datos.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El Acuerdo entre España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos e hidroacústicos para alerta de tsunamis entra en vigor el 1 de abril de 2023. Se completa así la publicación de su aplicación provisional.

Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.

Modifica la Orden FOM/606/2018 para incluir la actividad de expedición de mercancías peligrosas en el informe anual de las empresas y actualiza el modelo de comunicación de consejeros de seguridad del Real Decreto 97/2014. Adapta así la normativa española a la enmienda de 2019 del Acuerdo ADR.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece un marco entre España y los Países Bajos para intercambiar información clasificada y protegerla de forma mutua. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación, medidas de seguridad, contratos clasificados, visitas y gestión de incidentes.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.