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Aprueba la oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2025. Regula el ingreso directo, la reserva de plazas en la Escala de Cabos y Guardias y la promoción profesional dentro del Cuerpo.

Aprueba la oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2024, con plazas de ingreso directo y de promoción profesional. Fija una reserva de plazas en la Escala de Cabos y Guardias y ordena difundir las convocatorias de pruebas selectivas.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones del Centro Universitario de la Guardia Civil. Estas ayudas financian actividades de investigación en el ámbito de la seguridad y actividades que promuevan la cultura de seguridad.

Aprueba la oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2023. Regula el ingreso directo, la reserva de plazas en la Escala de Cabos y Guardias y la promoción profesional dentro del Cuerpo.

Modifica la Orden PCI/346/2019 para corregir la referencia al artículo 8.2 y dar coherencia a la valoración de destinos en los procesos de evaluación de la Guardia Civil. Aclara que se tienen en cuenta los empleos de la escala a la que pertenece el evaluado.

Aprueba la oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2022, con las plazas de ingreso directo y de promoción profesional. Las plazas resultan de aplicar la tasa de reposición del 125 % autorizada para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fija los límites entre el número de vacantes previstas y el número de personas evaluadas para el ascenso en cada ciclo de la Guardia Civil, para los sistemas de elección y de clasificación, durante la plantilla 2021/2025. También modifica el anexo de la Orden PCI/346/2019 sobre valoración de los procesos de evaluación.

Modifica la Orden INT/641/2017, que fija los precios públicos de los cursos que el Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil imparte a personas ajenas al Cuerpo. Actualiza esos precios y adapta la norma a nuevos retos y colaboraciones con organismos externos.

Establece cómo se clasifican las residencias de la Guardia Civil, quién puede usarlas y qué precios públicos se aplican por alojamiento y restauración. También fija los órganos de dirección y gestión y el sistema de financiación de estas residencias.