Real Decreto 206/2026, de 11 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2026.

El marco que delimita con carácter general las incorporaciones de personal al servicio del sector público durante el presente ejercicio se define en el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que fueron prorrogados en los años 2024 y 2025, y que continúan en la misma situación actualmente.

En relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el artículo 20.Dos.1.c) establece una tasa de reposición del 125 por ciento. Asimismo, se indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán la consideración de sector prioritario.

Por otro lado, el artículo 24 de la Ley 29/2014, de Régimen del personal de la Guardia Civil, establece que la planificación de los recursos humanos en la Guardia Civil tiene como objetivo contribuir a la consecución de la máxima efectividad en la prestación de los servicios mediante la dimensión adecuada de las plantillas de efectivos en sus diferentes escalas y empleos, teniendo su expresión fundamental, entre otros instrumentos, en la programación de provisión de plazas y en las provisiones anuales aprobadas mediante las correspondientes ofertas de empleo público, en los términos recogidos en el artículo 26 de aquella ley.

A tal fin, es preciso tener en consideración que la Guardia Civil debe garantizar una respuesta adecuada a los retos que plantea la seguridad pública, en ámbitos tan sensibles como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como en el marco de la seguridad de puertos, aeropuertos y fronteras, especialmente afectados por el incremento de la presión migratoria en la frontera sur y la proliferación de riesgos transfronterizos. También debe atender las crecientes demandas del servicio en la persecución de los delitos de odio, la violencia de género, la trata de seres humanos o la ciberdelincuencia, sin descuidar la protección de colectivos vulnerables y tratando de mantener y potenciar, en la medida de lo posible, el tenaz esfuerzo que tradicionalmente se desarrolla en el marco de la seguridad vial y de la protección de la naturaleza.

A lo anterior, cabe añadir que el amplio despliegue territorial de la Guardia Civil constituye una de sus mayores singularidades y contribuye especialmente a dar respuesta a las dificultades en las áreas rurales y en las zonas en declive demográfico y a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio; así queda patente en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2019.

Todo ello, hace que resulte especialmente necesario aprobar una oferta de empleo público para la Guardia Civil que, en el marco de una planificación sostenible, equilibre el esfuerzo de optimización de personal con la incorporación de nuevos efectivos, sin perjuicio de las plazas correspondientes al acceso directo a la Escala de Oficiales que se aprueben conjuntamente con la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas.