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Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Establece medidas para apoyar la actividad económica en locales de negocio arrendados afectados por las restricciones de la COVID-19. Regula la modificación de las condiciones del contrato y las reglas aplicables cuando las partes no llegan a un acuerdo.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Modifica dos impuestos en Cataluña: aplica la tarifa más baja del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos para 2020, fija cómo calcular la base para motocicletas sin datos oficiales de emisión y crea una bonificación para vehículos clásicos. También permite aplazar o fraccionar el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

Crea el Programa de atención dental de Cataluña para incluir la salud bucodental en la atención pública, con servicios gratuitos para determinados grupos. Regula también la recogida de información, el seguimiento de la práctica odontológica y una Oficina de Salud Bucodental.

Restablece el complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, que se había reducido al 50 % desde 2012. Fija los destinatarios y el momento de cobro.

Modifica la Ley del deporte de Cataluña para añadir un artículo que permite a los órganos de gobierno de las entidades deportivas reunirse y adoptar acuerdos a distancia mediante medios electrónicos, salvo que sus estatutos lo prohíban. Incluye disposiciones transitorias sobre juntas directivas y cuentas anuales.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Crea complementos de productividad extraordinarios para el personal sanitario y para el personal de centros residenciales de servicios sociales que trabajó durante la pandemia de COVID-19. Fija las cuantías de estos complementos y regula quién los recibe y cómo se financian.

Modifica la Ley 18/2009 de salud pública de Cataluña y adopta medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de COVID-19. Regula la actuación de las autoridades sanitarias ante emergencias sanitarias y enfermedades transmisibles.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.