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Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por la Ley 3/2020. Ese precepto permitía que las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia autorizaran o ratificaran medidas sanitarias de protección de la salud pública cuando los destinatarios no estuvieran identificados.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Fija las fechas en que empiezan a funcionar nueve juzgados creados por el Real Decreto 1050/2020 dentro del plan de unidades judiciales COVID-19. Tres juzgados de lo Social lo harán el 31 de marzo de 2021 y otros seis juzgados el 30 de junio de 2021.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introducido por la Ley 3/2020 de medidas procesales frente al COVID-19 en la Administración de Justicia. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.

Crea una Unidad Administrativa en la Administración de Justicia para apoyar a los juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Esta unidad forma parte del plan de refuerzo de la Justicia frente al COVID-19 y se ocupa de tareas administrativas de apoyo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.