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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para adaptarlo a la normativa europea sobre el cobalto. Permite usar cobalto en juguetes solo en casos concretos: como impureza del níquel en acero inoxidable, en componentes que conducen corriente eléctrica y en ciertos imanes de neodimio que no puedan tragarse ni inhalarse.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Modifica el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes para incluir tres sustancias: el metoxicloro, el Declorano Plus y el UV-328. Fija qué usos y producciones quedan prohibidos y qué exenciones específicas se permiten.

Modifica los anexos I y III del Real Decreto 818/2018 para adaptar la forma de presentar los informes sobre proyecciones de emisiones de contaminantes atmosféricos. El cambio ajusta el nivel de detalle de esas proyecciones a las nuevas directrices del Convenio CLRTAP y a la Directiva Delegada (UE) 2024/299.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza esa norma para incorporar al derecho español una directiva europea sobre esta materia.

Modifica el anexo A del Convenio de Minamata sobre el Mercurio para fijar qué productos con mercurio añadido dejan de poder producirse, importarse o exportarse y a partir de qué fecha. También establece medidas para reducir el uso de amalgama dental.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las exenciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade dos nuevas exenciones: una para el mercurio en transductores de presión de fusión de reómetros capilares y otra para el plomo como estabilizador térmico en sensores de productos sanitarios de diagnóstico in vitro.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el anexo del Real Decreto 1101/2011 para incluir el 2-metiloxolano en la lista de disolventes de extracción permitidos en la fabricación de productos alimenticios y sus ingredientes. Incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2023/175.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade un punto al apartado 9.a) para permitir el uso de cromo hexavalente como protector contra la corrosión en bombas de calor de absorción impulsadas por gas.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade nuevas exenciones al uso de plomo en cables superconductores y en determinados dispositivos de imagen por resonancia magnética, adaptando la norma española a dos directivas europeas.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para restringir el uso de anilina en juguetes y sus componentes. La anilina está clasificada como carcinógena y mutágena de categoría 2.

Crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), un órgano que coordina el seguimiento de la exposición de la población a sustancias químicas. Regula sus competencias, composición, funcionamiento y grupos técnicos de trabajo.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.