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Actualiza los criterios para inscribir en el Registro Civil español nacimientos por gestación por sustitución ocurridos en el extranjero. Exige una resolución judicial extranjera reconocida (por exequatur o control incidental) y sigue la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2024. La vía ordinaria es la reclamación de la paternidad biológica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 4/2023, de igualdad de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y cuestiona preceptos de la ley y de normas que modifica, como el Código Civil, la Ley del Registro Civil y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.