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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto 926/2020, que declaró el estado de alarma por la COVID-19, contra partes de la Resolución del Congreso que autorizó su prórroga y contra partes del Real Decreto 956/2020, que prorrogó ese estado de alarma.

El Congreso autoriza prorrogar el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2, desde las 00:00 del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 del 9 de mayo de 2021. También fija cambios en el decreto que lo regula y obligaciones de información al Congreso.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Establece medidas económicas, sociales y culturales para paliar los efectos de la COVID-19. Incluye apoyo financiero a proyectos culturales, una prestación para suministros básicos de profesionales de las artes, ayudas a familias para actividades de ocio educativo de verano y ayudas a entidades de ocio y contratación de jóvenes en prácticas.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Aprueba una subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales para facilitar financiación a pymes y autónomos. Crea un programa de ayudas para dar liquidez a autónomos y pymes afectados por el COVID-19. También modifica normas sobre espectáculos públicos y patrimonio histórico y cultural.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Establece medidas urgentes en el ámbito del deporte en Cataluña durante el estado de alarma por la COVID-19. Suspende el régimen sancionador de la Ley 3/2008 para los profesionales de salvamento y socorrismo acuático, y regula el funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas.