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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo. El recurso se dirige contra un párrafo del artículo 16.2.b) de la Ley valenciana 8/2017 sobre identidad y expresión de género, añadido por la Ley 5/2025.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios apartados de la Ley de la Asamblea de Madrid 17/2023, que modificaba la ley autonómica de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esos apartados.

Modifica la norma que regula la tarjeta sanitaria individual para permitir que las autoridades sanitarias emitan, además de la tarjeta física, una tarjeta sanitaria virtual. La tarjeta virtual podrá sustituir a la física si la persona titular está de acuerdo. Se fija un plazo para adaptar técnicamente las tarjetas virtuales ya existentes.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley 17/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifica la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

Modifica la Ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid sobre identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Cambia el régimen sancionador y su procedimiento, y establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra un inciso de la Ley de identidad y expresión de género de la Comunidad de Madrid. El inciso exige apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil antes y durante el tratamiento farmacológico de menores, y un informe favorable si hay comorbilidad.

Sustituye la ley anterior de 2012 y regula la no discriminación por identidad de género y los derechos de las personas trans e intersexuales en el País Vasco. Establece medidas en administración, sanidad, familia, empleo, educación, cultura, deporte, justicia y emergencias.

La ley regula la salud pública en Euskadi: fija los derechos y deberes de la ciudadanía, las actuaciones sobre los factores que influyen en la salud, la organización del sistema de salud pública y crea el Instituto Vasco de Salud Pública. También establece prestaciones, vigilancia, prevención y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y declara que la ley es conforme a la Constitución. La sentencia confirma el derecho a la autodeterminación sobre la propia muerte en contextos eutanásicos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y declara que la ley es conforme a la Constitución. La sentencia analiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral en relación con la autodeterminación sobre la propia muerte.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.