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Publica un acuerdo del Consejo Territorial que fija criterios comunes de acreditación y calidad para los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Abarca residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, e incluye criterios sobre empleo, formación del personal y derechos de las personas atendidas.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos de investigación sobre la prevención de los trastornos del juego, sus efectos y los riesgos asociados. Las ayudas se financian con parte de la recaudación de los operadores de juego y las gestiona el Ministerio de Consumo.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Actualiza los anexos I y II del Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a agentes biológicos en el trabajo. La actualización adapta la clasificación de estos agentes al progreso técnico y a la normativa europea.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas que financian el programa Investigo, destinado a contratar a personas jóvenes demandantes de empleo para realizar iniciativas de investigación e innovación. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para conceder subvenciones a proyectos de innovación que impulsen la desinstitucionalización y los servicios de apoyo comunitarios en cuidados de larga duración. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financia proyectos piloto.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas en Ceuta y Melilla dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financia proyectos para colectivos vulnerables y para emprendimiento y microempresas, con el fin de reequilibrar el territorio y generar oportunidades.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas que financien el «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas». Este programa contrata a personas jóvenes desempleadas para que trabajen en servicios de las administraciones públicas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades del sector público estatal para financiar el Programa TándEM, que combina formación y práctica profesional. Regula las etapas formativas, la selección de alumnos y personal, y el procedimiento de concesión, seguimiento y justificación de las ayudas.

Convoca en las Illes Balears el procedimiento para acreditar competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o formación no formal. Incluye 17 cualificaciones profesionales de los ámbitos sanitario, ambiental y de servicios sociales.

Establece las bases de la prueba objetiva para el acceso excepcional al título de enfermero especialista. Regula el calendario, las comisiones evaluadoras y la estructura y calificación de la prueba, con un cuestionario tipo test y el análisis de casos clínicos.

Establece los requisitos de información al consumidor y de comercialización de las mascarillas higiénicas, que no son productos sanitarios ni equipos de protección individual. Regula las definiciones, las obligaciones de etiquetado, los ensayos de laboratorio y la vigilancia del mercado.

Establece medidas extraordinarias para la formación profesional para el empleo programada por las empresas durante la pandemia de COVID-19. Permite usar el aula virtual como formación presencial y amplía el uso de medios electrónicos. Regula también la comunicación del inicio de la formación.

Actualiza los anexos del Real Decreto 664/1997 sobre protección de trabajadores frente a agentes biológicos, para adaptarlo al progreso técnico y a la normativa europea. Incluye en la clasificación nuevos agentes biológicos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.

Modifica la Orden de 1991 sobre precios públicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Excluye del pago previo las solicitudes de ensayo de equipos de protección individual que hagan las autoridades sanitarias y de vigilancia del mercado, y da prioridad a los servicios solicitados por las administraciones públicas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que fija los objetivos de empleo en toda España y en cada comunidad autónoma y recoge los servicios y programas de los servicios públicos de empleo. El plan se reformuló para adaptarse a la pandemia de COVID-19.

Autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fijar los precios de los servicios académicos de sus títulos y diplomas no oficiales para 2020, con tarifas adaptadas al COVID-19 y a la modalidad online.

Publica los acuerdos de la ONCE sobre sus actividades de juego tras el estado de alarma por el COVID-19. Incluye el reinicio de los sorteos del «Juego Activo», el pago de premios y el reembolso de boletos de sorteos no celebrados, y las fechas de un nuevo producto.