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Crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En él se inscriben los poderes que una persona otorga a otra para realizar trámites concretos ante este organismo. Establece cómo se otorgan, aceptan, inscriben, modifican, renuevan y revocan esos poderes.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Regula cómo las entidades de la Seguridad Social elaboran, aprueban y presentan por vía telemática sus cuentas anuales. Sustituye una orden anterior de 2009 y fija los requisitos de seguridad y firma electrónica del proceso.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, códigos enviados al móvil, videoconferencia o datos biométricos. Sustituye a la resolución de 25 de mayo de 2021.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, SMS, videoconferencia o datos biométricos. Regula qué permite cada sistema y cómo se presentan solicitudes con formularios electrónicos.

Regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social, donde se inscriben los poderes que una persona da a otra para hacer trámites por medios electrónicos ante la Seguridad Social. Fija los tipos de apoderamiento, quién puede otorgarlos, cómo se inscriben, su vigencia y cómo se consultan.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Regula cómo la Administración de la Seguridad Social envía notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. Establece quién está obligado a recibirlas así, cómo se ponen a disposición en la sede electrónica y cómo se practican. También fija cuándo se usan medios no electrónicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Amplía seis meses la validez de certificados de formación sanitaria, de revisión de botiquines a bordo y médicos de aptitud para el embarque en el sector marítimo-pesquero durante el estado de alarma por COVID-19. También permite solicitar telemáticamente la revisión de botiquines y deroga la resolución anterior de 16 de marzo.