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Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para gastos en el ámbito de la salud. También incluye una medida administrativa y una disposición sobre pensiones.

Este decreto-ley incrementa el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas y decidir el acceso a prestaciones sociales. El aumento busca mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía catalana.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley catalana 21/2017, que crea la Agencia Catalana de Protección Social. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley de acuerdo con la Constitución, en materia de función recaudatoria y de consideración de los fondos.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña para coordinarla con el ingreso mínimo vital estatal. Ajusta artículos sobre la prestación catalana y sobre las ayudas y pensiones complementarias, y añade nuevas disposiciones adicionales y transitorias.

Modifica la Ley 14/2010 para que los menores huérfanos tutelados por la Generalidad no tengan que contribuir con sus pensiones o prestaciones al coste de los servicios sociales que reciben. También regula cómo la Administración gestiona esas prestaciones.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Fija el aumento de sueldo del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña para 2020 y recupera parte de la paga extraordinaria que se dejó de cobrar en 2013. El aumento puede llegar al 2% respecto a 2019, con cantidades adicionales según la economía.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña. Aclara qué ayudas no cuentan como ingresos, reduce a dos meses el periodo de falta de ingresos exigido y precisa la documentación bancaria a presentar.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.