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Modifica tres resoluciones contables de la Seguridad Social para adaptar el tratamiento de los pagos a justificar al nuevo procedimiento fijado por la Orden HAC/965/2024. Con ello, la imputación de los pagos a las cuentas de gasto o inversión se produce al presentarse la cuenta justificativa.

Determina la naturaleza, la estructura y las funciones de la Intervención General de la Seguridad Social. Crea una subdirección general específica para el control financiero permanente y reparte las tareas entre varias subdirecciones generales y unidades territoriales.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza el tratamiento contable del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de las dotaciones al Fondo de Reserva, tras los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 2/2023.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y fija sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Subsecretaría y la Intervención General. También modifica otros reales decretos para adaptar sus estructuras.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.