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Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija las nuevas cuantías mensuales de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears. La actualización se aplica a los distintos grupos y subgrupos profesionales y tiene efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Illes Balears, Barcelona, Córdoba, Madrid, Salamanca, Cantabria, Sevilla, València/Valencia y Zaragoza. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Surte efectos desde el 1 de enero de 2025.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cambia el reparto territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en ocho provincias. Algunas unidades dejan de funcionar y su territorio pasa a otra unidad. Los nuevos ámbitos figuran en un anexo y se aplican desde el 1 de enero de 2024.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.