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Regula para 2026 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la contratación de personas trabajadoras extranjeras que no residen en España para cubrir puestos de temporada o estables. Fija el procedimiento de las ofertas, los programas de migración circular y estable, los visados y el seguimiento.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios para ejecutar la legislación laboral del Estado sobre autorizaciones iniciales de trabajo, por cuenta propia o ajena, de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.

Regula para 2024 la gestión colectiva de contrataciones en origen, es decir, la contratación de trabajadores extranjeros que no residen en España. Establece dos modelos: migración circular (trabajos de temporada con retorno) y migración estable (residencia y trabajo por cuenta ajena).

Establece un marco común para que las personas que teletrabajan de forma habitual desde un país distinto al de su empresa puedan solicitar una excepción y mantener la seguridad social del país donde está la empresa. Fija definiciones, ámbito, procedimiento y Estado depositario.

Regula la situación asimilada a la de alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero por empresas que actúan en España. Establece los supuestos, la duración, la vinculación voluntaria, las obligaciones de información y la acción protectora. Deroga la orden de 1982 que regulaba esta materia.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece un marco entre España y Honduras para regular la migración laboral ordenada. Define categorías de trabajadores (estables, de temporada y en prácticas), cómo se comunican las ofertas de empleo y las condiciones laborales y derechos sociales. También regula el retorno de los trabajadores.

Regula para 2023 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la contratación de trabajadores extranjeros que no residen en España para cubrir vacantes que no se cubren con trabajadores del país. Incluye proyectos de migración circular (temporada) y estable, con ofertas genéricas o nominativas.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Mantiene el cierre temporal de los puestos terrestres de entrada y salida de España en Ceuta y Melilla, salvo El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla). Por esos dos puestos solo pueden pasar quienes cumplen los requisitos para ir al resto del espacio Schengen y los trabajadores transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades que participan en la contratación colectiva en origen de trabajadores migrantes. Regula el procedimiento, los requisitos de los beneficiarios, los criterios de valoración y la justificación del gasto.