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Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La Autoridad Portuaria de Vigo publica el pliego que regula el suministro de gas natural licuado (GNL) y biogás natural licuado (bio-GNL) como combustible a buques en el puerto. El servicio se presta mediante camión a buque en los muelles Terminal Ro-Ro, Trasatlánticos y Arenal-Guixar.

Aplica en puertos españoles las orientaciones internacionales que permiten a los buques petroleros de suministro de combustible transportar mezclas con hasta un 30 % en volumen de biocombustible. Regula también la entrega de desechos y la validez de los certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP).

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba la modificación de la delimitación de espacios y usos del puerto de Alicante. Incorpora superficies de obras nuevas, redefine usos portuarios y desafecta la playa de San Gabriel y parte de las aguas portuarias.

La Autoridad Portuaria de Barcelona aprueba una ordenanza que crea un régimen especial de preferencia de atraque en las terminales públicas de contenedores del puerto. Este régimen permite dar prioridad a determinados buques frente al criterio general de primero llegado, primero servido, cuando hay congestión en la línea de atraque.

Aprueba la nueva delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Avilés, incorporando a la zona de servicio terrestre superficies de rellenos y una parcela de 6.008,8 m2. Además, desafecta de la zona II de aguas portuarias las zonas de baño de las playas.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

La Autoridad Portuaria de Barcelona aprueba una ordenanza que regula las operaciones de los buques que pueden afectar a la calidad del agua y del aire del puerto. Incluye reglas sobre descarga de agua de lastre, vertidos, limpieza y pintado de cascos, uso de sistemas de limpieza de gases y humos negros. Entra en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba el pliego de condiciones que regula el servicio portuario de recogida de desechos generados por buques y residuos de carga en el puerto de Marín y Ría de Pontevedra. El pliego fija las licencias, los requisitos de acceso, las condiciones de prestación, la calidad, las tarifas y el régimen sancionador del servicio.