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Incluye dos productos químicos en el anexo III del Convenio de Rotterdam: el carbosulfán, como plaguicida, y el fentión en formulaciones de ultra bajo volumen de 640 g/l o más, como formulación plaguicida extremadamente peligrosa. Con ello quedan sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el comercio internacional.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Incluye el terbufós, un plaguicida, en el anexo III del Convenio de Rotterdam. Este anexo recoge productos químicos peligrosos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el comercio internacional. La enmienda entró en vigor para España el 22 de octubre de 2023.

Establece controles en la importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores que llegan de países fuera de la Unión Europea. Regula la notificación de las importaciones, los controles previos al despacho y las obligaciones de los importadores.

Establece las condiciones de almacenamiento, comercio exterior, venta a distancia y control oficial de los productos fitosanitarios, y regula la autorización de ensayos con estos productos. También modifica el Real Decreto 1311/2012 sobre uso sostenible de productos fitosanitarios.

Establece reglas específicas para tramitar los procedimientos sancionadores en materia de sanidad vegetal y de sanidad y protección animal cuando la competencia es de la Administración General del Estado, en el ámbito de importaciones y exportaciones. Fija el plazo de tramitación y una reducción de la sanción pecuniaria.