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Establece un acuerdo entre España y la Corte Permanente de Arbitraje para que esta tenga una oficina permanente en España. Regula la capacidad jurídica de la oficina, los privilegios e inmunidades de la organización, sus funcionarios, árbitros y participantes en procedimientos, y aspectos de seguridad, viajes y seguridad social.

Establece un marco de cooperación policial entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar para que los agentes de un país puedan continuar la vigilancia de una persona en el territorio del otro y no interrumpir la persecución. Crea un grupo de trabajo conjunto y fija condiciones para esas actuaciones.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

Establece las reglas por las que España y Nigeria se entregan mutuamente a personas reclamadas para un proceso penal o para cumplir una condena. Fija los delitos que dan lugar a la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Establece un convenio entre España y Bolivia para cooperar en la lucha contra la delincuencia, especialmente la organizada. Enumera los delitos incluidos, como terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas, delitos informáticos y falsificación. Regula la colaboración entre las autoridades competentes de ambos países.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

Establece un marco de cooperación entre España y los Emiratos Árabes Unidos para mantener la seguridad y luchar contra la delincuencia. Incluye el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y armas, la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero, entre otros delitos.

El acuerdo fija que España y el Reino Unido se reparten al 50 % el dinero obtenido de bienes decomisados en un caso concreto. España transferirá al Reino Unido 523.591 euros del total recuperado por la venta de una propiedad en España. El acuerdo entra en vigor con la firma de ambas partes.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

España ratifica el Protocolo n.º 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Protocolo permite que los tribunales superiores de un país pidan opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España designa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo como los órganos que podrán hacer esas consultas.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

España ratifica el Protocolo común que conecta la Convención de Viena y el Convenio de París sobre responsabilidad civil por daños nucleares. El Protocolo fija qué régimen se aplica en cada accidente nuclear y extiende recíprocamente la protección entre las partes de ambos instrumentos.

España comunica a la OCDE que ha terminado sus trámites internos para aplicar el Convenio multilateral contra la erosión de bases imponibles en sus convenios fiscales con otros países. La notificación añade a Azerbaiyán a la lista de convenios afectados.

Establece un marco de cooperación entre España y Colombia para luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada y transnacional. Incluye el intercambio de información y asistencia técnica entre las autoridades competentes de ambos países.

El acuerdo fija que España y Suiza se reparten al 50 % el dinero obtenido de la venta de bienes decomisados en una causa por blanqueo de capitales. España transfiere a Suiza la mitad del importe que tiene ingresado en una cuenta bancaria en España.

Acuerdo entre España y el Consejo de Europa para que un funcionario español, letrado del Tribunal Supremo, trabaje en comisión de servicio como jurista nacional en la Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Fija la duración, las condiciones y los privilegios de esa adscripción.

Establece un acuerdo entre España y Nigeria para que las personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su pena de prisión en el otro. Fija las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un marco de asistencia judicial mutua entre España y Nigeria en materia penal. Regula cómo se solicitan, tramitan y ejecutan las peticiones de ayuda entre ambos países para prevenir, investigar y perseguir delitos, incluidos los fiscales y los relacionados con el terrorismo.