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Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Víctor Manuel Carranza Espinoza, con vecindad civil de Derecho común. La concesión se basa en circunstancias excepcionales y produce efectos con los requisitos, condiciones y plazos del Código Civil.

Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Walner Omier Blandón Ochoa, con vecindad civil de Derecho común. La concesión se basa en circunstancias excepcionales y produce efectos con los requisitos, condiciones y plazos del Código Civil.

Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Wilbert Alberto Pérez, con vecindad civil de Derecho común. La concesión se otorga por las circunstancias excepcionales que concurren en la persona interesada y produce efectos con los requisitos, condiciones y plazos del Código Civil.

Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Yesenia del Carmen Palacios Maltez, con vecindad civil foral del País Vasco. La concesión se rige por los requisitos, condiciones y plazos del Código Civil.

Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sirve de cauce de colaboración entre la Administración y el sector privado. Regula sus funciones, la composición de su Pleno y su régimen de funcionamiento.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para reforzar la protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas de violencia en Ceuta. Las actuaciones se centran en prevención, detección temprana, acompañamiento especializado y acogida de emergencia ante violencia de género, sexual, explotación sexual y trata.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar la protección de la incapacidad temporal. Añade dos supuestos nuevos: el trastorno menopáusico secundario codificado y las lesiones por violencia de género. También ajusta otras prestaciones sociales, como los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para introducir cambios puntuales antes de una futura reforma de la ley. La asistencia jurídica gratuita cubre los medios necesarios para acceder a la justicia cuando no se pueden pagar. Deroga las normas que se opongan a estos cambios.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración y del INE y confirma la suspensión cautelar. Mientras dure el proceso electoral, la Oficina del Censo Electoral no puede inscribir en el CERA a ciertas personas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de la Administración Penitenciaria el carácter de agentes de la autoridad. También añade que sus informes tienen valor probatorio en expedientes disciplinarios y que la Administración debe indemnizarles por daños sufridos en el trabajo.

Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Aclara cómo se acredita ante notario y registrador el seguro decenal obligatorio en las obras nuevas. Permite que el certificado o póliza del seguro esté firmado con firma electrónica cualificada y fija qué requisitos debe cumplir para ser aceptado.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.