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El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.

Modifica la normativa canaria de atención a la infancia para que los centros de atención inmediata funcionen como dispositivos de emergencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. También cambia el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.

Establece medidas urgentes para afrontar el impacto del COVID-19 en Cataluña. Incluye recuperar un complemento del personal sanitario, agilizar el destino final de los fallecidos y regular el funcionamiento de entidades deportivas y personas jurídicas.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.

Establece medidas para impulsar la construcción de viviendas de titularidad pública en las Illes Balears, con reglas para su promoción, planificación y ejecución. También modifica la Ley de vivienda para añadir el derecho de tanteo y retracto de la Administración y agiliza trámites administrativos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Modifica la definición de vivienda vacía en la normativa catalana de vivienda. Una vivienda se considera vacía si está desocupada sin causa justificada más de dos años. Enumera las causas justificadas de desocupación.

Modifica varias leyes de vivienda y urbanismo de Cataluña para ampliar la oferta de vivienda a precios moderados y de protección pública en alquiler. Ajusta el planeamiento urbanístico, el patrimonio público de suelo y vivienda y las reservas para vivienda protegida.