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La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Indulta a doña Rosa Blanca Carrio Chao las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La medida se concede con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en un plazo de cuatro años desde su publicación.

Indulta a doña Beatriz García Pérez las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La medida se concede a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en un plazo de cuatro años desde su publicación.

El Real Decreto concede el indulto a doña Olga Pérez Ruiz y le perdona las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La medida se aplica con la condición de que no vuelva a cometer un delito doloso en un plazo de cuatro años desde su publicación.

Indulta a doña Jara Casanova Castro las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La condena era por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la administración de justicia, cometidos en 2017. El indulto se concede con la condición de no volver a cometer delito doloso en cuatro años.

Indulta a María Cristina Bermejo Tierno las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La condena era por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la administración de justicia, cometidos en 2017. El indulto se concede con la condición de no volver a cometer delito doloso en cuatro años.

El Real Decreto concede el indulto a don Héctor Augusto González Pérez y le perdona las penas de prisión que le quedaban por cumplir. La medida se aplica a dos condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón por hechos de 2017. Se impone la condición de no cometer delito doloso en cuatro años.

Conmuta la pena de prisión impuesta a María Victoria Rivero Cortés por un delito de robo con violencia por una pena de multa. La multa es de tres meses con cuota diaria de tres euros. Se impone la condición de no cometer delito doloso en dos años.

Conmuta la pena de un año de prisión impuesta a don Manuel Olmo Callejas por un delito de robo con fuerza en las cosas por una pena de seis meses de multa con cuota diaria de dos euros. La medida se aplica con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de un año desde su publicación.

Concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Leopoldo Eduardo López Mendoza, con vecindad civil de Derecho común. La concesión se basa en circunstancias excepcionales y produce efectos con los requisitos, condiciones y plazos del Código Civil.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

Hace públicas las comunicaciones recibidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre tratados internacionales multilaterales en los que España es parte, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 11 de marzo de 2026. Incluye adhesiones y declaraciones de otros países ante estos tratados.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de seis diputados del Parlamento de Cataluña. Declara que la mesa de la Cámara vulneró su derecho a ejercer las funciones representativas al admitir a trámite propuestas de resolución que incumplían lo decidido por el propio Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un guardia civil investigado por tráfico de drogas y anula los autos de prisión provisional. Considera que se vulneraron sus derechos a la libertad personal y a la defensa porque no tuvo acceso real y efectivo a los elementos esenciales de la causa para defenderse.