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Establece medidas para frenar las estafas de suplantación de identidad por llamadas y mensajes de texto. Incluye el bloqueo de comunicaciones con numeración no asignada o con origen internacional que simula números nacionales, y regula la identificación de los números usados en atención al cliente y llamadas comerciales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si el decreto-ley tenía habilitación para regular estas materias y si respeta las competencias autonómicas.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Modifica el Reglamento Penitenciario para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en las prisiones. Regula el uso de videoconferencias en las comunicaciones con familiares, abogados y otras autoridades, y en actividades formativas o terapéuticas.

Modifica la Ley 34/2006 para unificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador: se exige el mismo título de Derecho y el mismo máster para ambas, y quien supere la evaluación podrá ejercer una u otra con la colegiación. También cambia el régimen de sociedades profesionales y el sistema de aranceles de la procura.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Vasco contra el Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.