Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, primera ley de ese carácter de nuestra democracia, favoreció la trasformación del sistema penitenciario en un modelo moderno, democrático, inspirado en los métodos y procedimientos científicos, respetuoso de los derechos humanos, acorde con la legislación internacional y que ha acabado siendo una referencia en múltiples aspectos del derecho comparado. No obstante, el transcurso del tiempo ha ido generando la necesidad de efectuar distintas adaptaciones. Sin duda, el cambio experimentado en las tecnologías de la información y comunicación desde la promulgación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, especialmente en los últimos tiempos, ha conllevado una trasformación social de la que el ámbito penitenciario no puede quedar al margen, debiendo adecuarse la regulación reglamentaria en aras de su utilización como medio facilitador para el acceso a servicios o prestaciones y al ejercicio de derechos.

La trasformación social impulsada por las tecnologías de la información y comunicación ha significado que la regulación reglamentaria dedicada a las relaciones con el exterior, comunicaciones y visitas, haya quedado superada. Así, el uso habitual de las videoconferencias como forma de comunicación social, asumida y de utilización absolutamente generalizada en la actualidad, debe tener también su reflejo en el ámbito penitenciario. Suponen un bajo impacto estructural, económico y de regulación, en cuanto a su uso en prisión y, sin embargo, las ventajas que pueden suponer van más allá de una simple y mera modernización: acercan a la población reclusa a sus familiares y amigos sin necesidad de una limitación en cuanto al número de comunicantes; facilitan los encuentros sin la obligatoriedad de desplazamientos al centro penitenciario, aspecto muy relevante en determinados contextos; y se llevan a cabo con un carácter de inmediatez que supera a las tradicionales comunicaciones orales. Más allá de las posibilidades que se abren en las relaciones con familiares y amigos, las propias comunicaciones con abogados y procuradores o con profesionales como las autoridades judiciales o los miembros del Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo, entre otros, también pueden verse mejoradas mediante la utilización de este tipo de canales de comunicación.

A su vez, desde el punto de vista del tratamiento, la progresiva implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la dinámica del régimen de los centros penitenciarios ayuda a reducir la brecha tecnológica que sufren los internos una vez acceden al medio social normalizado. Igualmente, recurrir a la tecnología para desarrollar procesos formativos o terapéuticos se convierte en una forma eficaz, alternativa o complementaria, a las actuaciones que presencialmente se vienen llevando a cabo.

Finalmente, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, establece en su disposición adicional tercera las Condecoraciones Penitenciarias, tanto para los profesionales pertenecientes a la Administración penitenciaria como para instituciones, entidades y particulares que se distingan en su colaboración con la misma. Respondiendo a la obligada adaptación de la normativa a las nuevas realidades, se hace necesario crear el Premio Nacional Concepción Arenal para reconocer la labor periodística que, por su relevancia y trascendencia, haya contribuido de manera significativa a dar a conocer a la sociedad el medio penitenciario.