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El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos y anula el inciso final «ni el complemento de productividad» del artículo 5.2 del Real Decreto 1086/1989, sobre retribuciones del profesorado universitario. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cuestiona por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El conflicto se refiere a la publicación en el BOE de una corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica el complemento de destino de los miembros de la Carrera Judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado frente al Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a publicaciones del Congreso sobre el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto a su disposición final decimotercera, que modifica el complemento de destino de la carrera judicial en la Ley 15/2003.

Actualiza las cuantías de los complementos de destino y específico de jueces, magistrados y miembros de la carrera fiscal recogidas en los anexos II.2, V.2 y VI de la Ley 15/2003. Con ello ajusta estas retribuciones a los incrementos del 0,5 por ciento aprobados para el personal del sector público y a las nuevas categorías de los Tribunales de Instancia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.