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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Fija el calendario de días inhábiles de 2026 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Indica qué días son inhábiles en todo el territorio nacional y cuáles en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Establece los criterios de actuación de la Agencia Tributaria para suspender la ejecución de actos impugnados mediante recursos y reclamaciones, y para coordinar su relación con los Tribunales Económico-Administrativos. Sustituye la resolución de 2005 y regula la tramitación de la suspensión, las garantías exigidas y la ejecución de resoluciones y sentencias.

Fija el calendario de días inhábiles de 2025 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos y festivos nacionales, y detalla por meses y comunidades autónomas los festivos de cada territorio.

Regula cómo las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio deben rendir telemáticamente sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, y fija el formato de esas cuentas. Se aplica desde la cuenta correspondiente al ejercicio 2024.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Fija el calendario de días inhábiles de 2024 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos y festivos nacionales, y los festivos de cada comunidad autónoma y entidad local.

Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Fija el calendario de días inhábiles de 2023 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos y festivos nacionales, y los festivos de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre cómo se acredita administrativamente que una persona es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual. El acuerdo fija el procedimiento y los documentos para obtener esa acreditación.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.